La Suprema Corte de Estados Unidos cerró este jueves la puerta a una demanda del Gobierno de México que buscaba responsabilizar a dos empresas armamentistas por el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano. Con un fallo unánime de 9 votos a favor y ninguno en contra, los magistrados determinaron que Smith & Wesson y Interstate Arms no pueden ser procesadas por los daños que el país latinoamericano atribuye a sus productos.
La decisión anula un dictamen previo de un tribunal inferior que había dado luz verde a la demanda. México sostenía que las compañías actuaron con negligencia al permitir que sus armas terminaran en manos de los cárteles de la droga, lo que a su juicio ha contribuido de forma directa a la violencia armada que afecta al país.
Sin embargo, la Corte acogió los argumentos de las empresas, que apelaron a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005. Esta legislación otorga un amplio escudo legal a los fabricantes de armas, eximiéndolos de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en actividades criminales.
La demanda, presentada en 2021 ante una corte federal en Boston, acusaba a las compañías de diseñar y comercializar sus armas de forma deliberada para atraer a compradores asociados con el crimen organizado, incluso mediante referencias a equipamiento militar y cuerpos de seguridad estadounidenses.
De acuerdo con el Gobierno mexicano, las empresas mantenían relaciones comerciales con distribuidores que, con conocimiento de causa, vendían armas a compradores “de paja”, quienes posteriormente las introducían de contrabando al país.
Además, el documento legal argumentaba que la conducta de estas empresas violaba tanto leyes estadounidenses como mexicanas, y reclamaba que el caso debía avanzar por el daño que estos flujos ilegales de armas han causado a México.