Cuando se habla de justicia en Chihuahua, hay silencios que pesan más que las denuncias. Uno de ellos es el que rodea el desfalco a Pensiones Civiles del Estado durante el sexenio de Javier Corral. Un tema grave, con consecuencias directas sobre la salud y el bienestar de miles de trabajadores, que nadie parece querer tocar, mucho menos quienes deberían estar encabezando la exigencia.
La Sección 42 del SNTE guarda un silencio que resulta ensordecedor. Mientras empresarios como Kike Valles, Eduardo Almeida y actores políticos locales alzan la voz para señalar la mala gestión del exgobernador, el sindicato que representa a trabajadores directamente afectados por el desvío de cuotas retenidas y no entregadas a Pensiones, parece haber perdido el habla. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde está la exigencia de justicia?
El propio secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, ha reconocido que el adeudo millonario en Pensiones no fue generado por la administración actual, sino que tiene nombre y apellido: la administración de Corral Jurado. A pesar de ello, ni la Sección 42 ni el Gobierno del Estado han impulsado acciones legales contra quienes tomaron recursos de los trabajadores para destinarlos a otros fines. El desvío ocurrió. Las consecuencias están a la vista: servicio médico colapsado, desabasto, precariedad, y aún así, nadie rinde cuentas.
¿Será que el nuevo alineamiento político de la Sección 42, ahora más cercana a Morena, le impide señalar a un exgobernador panista que hoy transita sin problema por las filas del lopezobradorismo? ¿Será que el cálculo político se impone sobre el mandato sindical? ¿O acaso el silencio forma parte de una nueva alianza de impunidad?
Tampoco hay señales claras desde el Palacio de Gobierno. La gobernadora Maru Campos ha prometido mejorar los servicios, pero el problema no es sólo el presente, sino el pasado sin castigo. La omisión de su administración en fincar responsabilidades al equipo anterior, no sólo mina la confianza de los trabajadores, sino que consolida la impunidad como práctica de Estado.
La verdadera justicia no es prometer mejoras. Es obligar a quienes desviaron recursos públicos a responder ante la ley. Y si la Sección 42 no exige eso, si el gobierno actual tampoco lo hace, entonces no es sólo una omisión: es complicidad por inacción.
El dinero de Pensiones no se evaporó. Alguien decidió no entregarlo. Alguien firmó los oficios. Alguien dio la orden. Y alguien debería estar en la cárcel.
Hasta entonces, todo lo demás es simulación.